Por Bianca Martínez Ph.D.
¿Por qué tantos proyectos públicos en el Perú se retrasan o terminan sin cumplir objetivos, pese a contar con mayores presupuestos?
La respuesta está en tres desafíos persistentes: la burocracia pesada, la falta de articulación entre instituciones y la débil cultura de datos.
A continuación, se presenta un diagnóstico actualizado y propuestas concretas que buscan transformar la gestión pública en favor de los ciudadanos.
Procesos largos, múltiples aprobaciones y normativas poco armonizadas ralentizan la gestión pública. Aunque la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 propone simplificación administrativa, la implementación avanza con lentitud.
Las políticas nacionales no siempre llegan de manera coherente a regiones y municipios. Los gobiernos locales enfrentan carencias técnicas y financieras que dificultan la coordinación con lineamientos sectoriales, lo que amplía brechas territoriales.
Aunque existen avances en gobierno digital y transparencia, todavía no se generaliza el uso de datos en decisiones, monitoreo y evaluación. Sin sistemas sólidos de información y capacidades técnicas, las políticas pierden eficacia y legitimidad.
Los efectos de estas deficiencias varían según el territorio:
En zonas rurales y amazónicas, la falta de digitalización y conectividad agrava retrasos.
Los grupos vulnerables enfrentan mayores barreras en trámites y menor representación en datos oficiales.
Lima y las ciudades tienen ventajas en personal técnico y acceso digital, aunque también deben mejorar la coherencia institucional.

La modernización de la gestión pública en el Perú requiere pasar de las intenciones a la implementación sostenida. Reducir la burocracia, articular mejor entre niveles de gobierno y consolidar una cultura de datos son pasos ineludibles para construir un Estado más eficiente, equitativo y cercano al ciudadano.
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