Por Bianca Martinez Malqui Ph.D.
En muchas entidades públicas, el ROF se limita a describir funciones de áreas y cargos, pero rara vez se conecta con el “cómo” se hacen las cosas. Esto genera estructuras rígidas, duplicidad de funciones y poca claridad sobre responsabilidades reales en los procesos que impactan al ciudadano.
La desarticulación entre el ROF y los procesos es una de las causas principales de la baja eficiencia institucional y la demora en la atención de trámites.
Los principales problemas detectados son:
Fragmentación: el ROF define funciones sin integrarlas en un flujo de valor.
Burocracia interna: múltiples oficinas intervienen en un mismo trámite sin coordinación.
Desalineación estratégica: los procesos no se vinculan con objetivos del PEI o POI.
Poca flexibilidad: ante cambios normativos, el ROF tarda en actualizarse y los procesos quedan desfasados.
La solución está en alinear el ROF con la gestión por procesos, aplicando enfoques como BPM y DMAIC:
Definir: identificar procesos críticos de la entidad relacionados con las funciones reflejados en el ROF.
Medir: mapear cómo se ejecutan realmente y detectar duplicidades o vacíos, si la entidad cuenta con datos considerarlos, de lo contrario establecer la línea base.
Analizar: identificar causas raíz de ineficiencia (falta de claridad de roles, trámites repetidos).
Mejorar: rediseñar procesos y ajustar el ROF para que funciones y responsabilidades sean coherentes.
Controlar: estandarizar mediante el MAPRO, asegurando que la mejora sea sostenible.
Vincular el ROF al Mapa de Procesos institucional.
Establecer indicadores de eficiencia y servicio ciudadano en cada proceso clave.
Usar comités de mejora para revisar periódicamente la alineación ROF–procesos.
Incorporar la visión del ciudadano en el rediseño.
La modernización del Estado exige instituciones más ágiles. Integrar el ROF con la gestión por procesos permite:
✔ Claridad de funciones
✔ Eliminación de duplicidades
✔ Mayor trazabilidad en los trámites
✔ Mejor servicio a los ciudadanos.
El ROF puede ser más que un requisito legal: es una herramienta estratégica para transformar la gestión pública. Cuando se alinea con los procesos, la entidad gana eficiencia y legitimidad frente al ciudadano.
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